El atentado contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, no es un hecho aislado ni un episodio fortuito en la larga lista de agresiones que han marcado la vida reciente de Sinaloa.

Es, otra vez, la evidencia brutal de que la estrategia para contener la violencia en el estado —si existe una coherente y sostenida— no está dando resultados. Culiacán, epicentro de una narcoguerra que parece no tener final, volvió a ser escenario de un ataque que sacude a la clase política y confirma una verdad incómoda: aquí nadie está a salvo.

Los disparos se escucharon a plena luz del día, en calles transitadas, después de que los legisladores salieran del Congreso local. La escena es tan repetida que casi pierde capacidad de asombro: hombres armados que irrumpen, disparan y huyen; autoridades que montan operativos; comunicados oficiales que prometen justicia. Mientras tanto, la ciudad sigue viviendo bajo la ley del miedo.

Tras el homicidio de Héctor Melesio Cuén, una de las voces opositoras más visibles en Sinaloa, este ataque es el de mayor impacto político en años recientes. Y lo es no sólo por las víctimas, sino por el mensaje implícito: ni los representantes populares, ni quienes se mueven en los círculos del poder, están blindados frente a la violencia.

Los grupos criminales continúan comportándose como dueños de las calles, capaces de matar, secuestrar, abandonar cuerpos mutilados, colocar narcomensajes, incendiar casas y negocios, robar vehículos y desaparecer personas con una impunidad que se ha vuelto cotidiana.

Se saben intocables. Y con esa certeza actúan.

Los diputados sobrevivieron al ataque inicial y permanecen hospitalizados, luchando por su vida. El gobernador Rubén Rocha Moya ordenó de inmediato un operativo para dar con los responsables, una reacción obligada ante la gravedad del hecho. Ninguna vida vale más que otra, pero sería ingenuo negar el peso político de un atentado directo contra legisladores en funciones.

La condena nacional no tardó en llegar: Jorge Álvarez Máynez habló de una crisis de violencia que ha rebasado todos los límites; Alejandro Moreno describió a Sinaloa como un estado atrapado entre sangre, miedo y tragedia. Palabras duras, sí, pero que retratan lo que miles de sinaloenses viven a diario.

En Culiacán no hay excepciones. No están seguros los políticos, ni los gobernantes, ni los policías, ni la gente común que sólo quiere salir a trabajar y regresar con vida a casa. La normalización del terror es quizá el signo más alarmante de este tiempo: balaceras que ya no sorprenden, colonias sitiadas, comercios cerrados, familias que viven pendientes de los reportes de último momento.

Ahora vendrán las investigaciones. O eso se promete. La Fiscalía de Sinaloa tiene ante sí la obligación de ir más allá del expediente rápido, del culpable conveniente, del relato endeble que intenta cerrar un caso sin explicar nada. El recuerdo del confuso y polémico manejo del asesinato de Héctor Melesio Cuén sigue fresco, y la desconfianza ciudadana es tan profunda como la herida abierta por la violencia.

Las preguntas se acumulan y ninguna tiene respuesta clara: ¿quién ordenó el ataque?, ¿por qué?, ¿a quién iba dirigido el mensaje?, ¿quién puede ser el siguiente? Pero, por encima de todas, persiste la que retumba en cada conversación, en cada esquina, en cada hogar de Sinaloa: ¿hasta cuándo?

En Guasave el conflicto no gira únicamente en torno a un emplazamiento a huelga para el viernes 30 de enero. El fondo del problema es mucho más profundo: la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAG) arrastra un contrato colectivo que ningún organismo operador en crisis puede sostener sin colapsar.

El sindicato, encabezado por José Ramón Valerio Ahumada, exige conservar intactos beneficios históricos. La alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya responde que hay apertura al diálogo, pero advierte lo evidente: las finanzas de la paramunicipal no soportan seguir pagando lo mismo.

Y basta revisar el contrato para entender por qué.

Mientras el trabajador promedio en México recibe por ley 15 días de aguinaldo, en JUMAPAG los sindicalizados cobran 60 días de salario… y además la Junta absorbe hasta el 100 % del impuesto generado por esa prestación.

En vacaciones la diferencia es todavía más pronunciada: 23 a 26 días anuales, con primas vacacionales de 16 a 21 días adicionales de sueldo, frente a los 12 días iniciales que marca la ley para la mayoría de los mexicanos.

A eso se suman dos bonos permanentes que se integran al salario: 9 % por puntualidad. y 7 % por asistencia.

Es decir: un 16 % extra fijo que impacta aguinaldo, jubilaciones, indemnizaciones y primas.

No es un estímulo ocasional: es salario estructural.

Pero la cláusula que más inquieta a cualquier financiero público es la jubilación.

Con 25 años de servicio, los trabajadores sindicalizados pueden retirarse con una pensión cubierta por la propia Junta equivalente al 100 % del último sueldo, con derecho a aumentos futuros, aguinaldo y despensa, además de conservar íntegra la pensión que otorgue el IMSS.

Como si fuera poco, reciben una prima de retiro de 20 días de salario por cada año trabajado.

En un país donde millones se jubilan con montos reducidos tras décadas de cotización, este esquema luce más cercano a empresas estatales de otra época que a un organismo municipal hoy acosado por deudas.

El contrato no solo protege a los trabajadores en lo individual. También compromete a la Junta a financiar directamente al sindicato.

Gasolina mensual, celulares, renta del local, papelería, apoyo deportivo, celebración del 1° de mayo, posada navideña, mantenimiento del edificio sindical, compra anual de vehículos, viáticos, cuotas a la federación obrera y servicios completos —luz, agua, internet y telefonía— forman parte de la lista.

El propio documento contractual resume estas prerrogativas: más de 1.7 millones de pesos anuales.

Todo ello mientras JUMAPAG arrastra pasivos con el IMSS y el INFONAVIT y batalla para invertir en redes, drenajes y mantenimiento.

Durante años la Junta fue utilizada como herramienta de control político. Alcaldes en turno privilegiaron la estabilidad laboral inmediata, concediendo cláusulas cada vez más generosas, a cambio de paz sindical.

Ese cálculo hoy pasa factura.

Las concesiones se acumularon. Nadie corrigió el rumbo. Nadie quiso cargar con el costo político de renegociar. Y ahora, con infraestructura envejecida, servicio deficiente y deudas crecientes, el contrato aparece como una camisa de fuerza.

El contraste es brutal: colonias con baja presión de agua, drenajes colapsados y fugas constantes… frente a jubilaciones completas, bonos estructurales y apoyos garantizados por calendario al sindicato.

El emplazamiento a huelga es apenas la superficie del conflicto.

La discusión real es si Guasave puede seguir sosteniendo un modelo laboral diseñado en épocas de abundancia política, pero administrado hoy en tiempos de escasez financiera.

Nadie cuestiona el valor del personal operativo que mantiene funcionando los sistemas de agua. Lo que está en juego es la viabilidad misma del organismo.

Porque si JUMAPAG quiebra, no pierde el sindicato.

Pierde la ciudad.

Y el agua —ese servicio básico que debería estar por encima de cualquier negociación— termina atrapada entre un contrato imposible y décadas de decisiones políticas que nadie quiso corregir a tiempo.

En tiempos en los que el campo sinaloense parece caminar cuesta arriba, la decisión de sí realizar la Expo Agro Sinaloa 2026 no sólo es acertada: es necesaria. 

Es, incluso, un acto de convicción y de carácter frente a un escenario adverso que combina problemas estructurales del sector agrícola con un clima de inseguridad que aún pesa sobre Culiacán.

Hoy el agro de Sinaloa enfrenta una tormenta perfecta. Dificultades para la comercialización, incertidumbre en los precios de mercado, escasez de apoyos gubernamentales y la ausencia de políticas públicas que verdaderamente incentiven la productividad, tienen al agricultor en una situación límite. A ello se suma la falta de respuestas oportunas desde la federación, que no siempre acompaña al gobierno estatal en los esfuerzos por atender los pendientes históricos del campo.

Bajo ese contexto, la Expo Agro Sinaloa no es un simple evento en el calendario. Es el principal escaparate agrícola del estado y uno de los más importantes del noroeste del país. Cancelarla o posponerla habría sido un mensaje de repliegue, de resignación. Realizarla, en cambio, envía una señal clara: el campo sinaloense sigue de pie.

El anuncio hecho este jueves por el presidente de CAADES, Jesús Rojo Plascencia, de que la Expo Agro Sinaloa 2026 se llevará a cabo los días 25 y 26 de febrero en su sede tradicional de Aguaruto, confirma ese compromiso de los hombres y mujeres del campo por seguir produciendo, innovando y mostrando al país y al mundo el potencial agrícola de Sinaloa, incluso en condiciones complejas.

No es menor el hecho de que el evento se celebre en medio de un ambiente de inseguridad que genera inquietud, particularmente cuando se trata de encuentros de gran magnitud. Sin embargo, también aquí la decisión cobra valor. 

El respaldo público del gobernador Rubén Rocha Moya, quien expresó su deseo de que la Expo se realice y comprometió recursos y garantías de seguridad para los asistentes, abona a la certeza y manda un mensaje de corresponsabilidad institucional.

La edición 2026 tendrá, además, un ingrediente simbólico y estratégico: el 30 aniversario de Fundación Produce, organismo clave en la investigación, transferencia de tecnología e innovación agrícola en Sinaloa. Tres décadas de trabajo que han permitido elevar la productividad y modernizar al sector, aun en medio de ciclos económicos y climáticos adversos.

Como cada año, la Expo Agro reunirá a expositores de todo el país, comercializadores, representantes de las principales marcas del sector, semilleras, distribuidoras de fertilizantes, desarrolladores de tecnología de punta, fuentes de financiamiento y actores clave de la cadena productiva. Será, una vez más, el espacio para hacer negocios, abrir mercados y tender puentes que permitan al productor sinaloense colocar sus productos en distintos puntos del mundo.

En Sinaloa, el sector productivo reconoce que el gobierno estatal no ha soltado la mano del campo, aunque también es evidente que muchos de los rezagos requieren un mayor respaldo federal para avanzar con la velocidad que se necesita.

La Expo Agro Sinaloa 2026 va, y va en un momento en el que su realización cobra un valor que trasciende lo económico. Será un punto de encuentro, de ánimo renovado y de reafirmación de que el campo sigue siendo el principal motor de la economía sinaloense. Desde ahora, todo apunta a que será un éxito y, sobre todo, un recordatorio de que incluso en la adversidad, el campo resiste y sigue sembrando futuro.

El arranque de este 2026 encuentra a Sinaloa atrapado en un escenario desalentador y profundamente doloroso. La violencia que estalló con fuerza en septiembre de 2024 no sólo no se contuvo, sino que se normalizó. 

Dieciséis meses después, la narcoguerra sigue más viva que nunca, cobrando vidas a diario y sembrando el miedo, principalmente del centro hacia el sur del estado.

La disputa interna entre las facciones del Cártel de Sinaloa ha dejado una estela de miles de muertos, comunidades desplazadas, economías locales fracturadas y una sociedad exhausta. Frente a ello, el gobierno —en sus distintos niveles— luce claramente rebasado. Las “estrategias”, si es que existieron, han fracasado. Y lo más grave: hoy Sinaloa se percibe como un estado abandonado a su suerte.

El compromiso del gobierno federal, anunciado con énfasis por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue claro: presencia constante del Gabinete de Seguridad y sesiones quincenales encabezadas por Omar García Harfuch hasta recuperar la paz. Ese discurso generó expectativa, incluso algo de esperanza. Sin embargo, la realidad terminó por imponerse.

Las reuniones del Gabinete de Seguridad simplemente desaparecieron.

Desde finales de octubre de 2025, cuando Omar García Harfuch estuvo en Mazatlán, no ha regresado a Sinaloa. No hubo explicación pública, no hubo balance, no hubo ajuste visible de estrategia. El acuerdo de sesiones quincenales se esfumó en el silencio. Lo que no desapareció fue la violencia.

Ahí siguen los homicidios, los cuerpos abandonados y desmembrados, los levantones, los robos de vehículos, las viviendas incendiadas, baleadas o vandalizadas. Ahí sigue una guerra que nadie se atreve ya a nombrar con todas sus letras, pero que domina la vida cotidiana de miles de sinaloenses.

La ausencia del gabinete federal no es un detalle menor: es un mensaje político. Sinaloa dejó de ser prioridad en los hechos, aunque se le siga mencionando en los discursos. La estrategia parece haber mutado del “vamos a pacificar” al “mejor no venir”, quizá para no exhibir más el fracaso de no haber podido devolverle la tranquilidad a uno de los estados más golpeados del país.

Hoy la Federación actúa con disimulo. Prefiere la distancia, la administración del problema, el bajo perfil. Pero mientras los funcionarios no vienen, la violencia sí llega todos los días.

El 2026 apenas comienza. Todavía hay margen para rectificar, para replantear de fondo una estrategia que evidentemente no funcionó. Sinaloa no sólo enfrenta una guerra criminal, sino también el abandono de un Estado que prometió no soltarlo… y lo soltó.

A menos de dos años de la elección por la gubernatura, la oposición en Sinaloa sigue sin aparecer en el radar ciudadano como una real alternativa de cambio. Es, al menos, la fotografía del momento.

No hay rostro claro, no hay proyecto reconocible y, peor aún, no hay una narrativa capaz de conectar con un sector social que observa con creciente desencanto el rumbo que la 4T le ha impuesto al país y al estado.

Los partidos que se autodenominan “opositores” lucen desdibujados, fuera de agenda y divorciados de la conversación pública. Más que confrontar al poder o construir una opción competitiva, actúan como comparsas del sistema: navegan con la corriente, esperan que lleguen los tiempos políticos y se conforman con sobrevivir, no para ganar elecciones, sino para mantener posiciones de privilegio y seguir pegados a la ubre presupuestal.

Mientras tanto, el malestar social que existe frente a Morena no encuentra cauce político. La inconformidad está ahí en muchos ciudadanos, pero los partidos opositores no han sabido leerla ni articular un discurso coherente que permita convertir ese descontento en una fuerza electoral. Siguen anclados en lógicas del pasado, sin entender que su rol hoy exige mucho más que administrar derrotas.

En el PRI, por ejemplo, la baraja no se mueve. Paloma Sánchez y Mario Zamora continúan apareciendo como las casi únicas alternativas partidistas, como si el tiempo se hubiera detenido. La actual dirigencia, con César Emiliano Gerardo y Liliana Cárdenas al frente, intenta imprimirle dinamismo a lo que queda de las estructuras tricolores, pero la realidad es implacable: el PRI como marca está severamente desgastado, prácticamente en fase terminal, y sus antiguos brazos políticos, como la CNC y la CTM, hoy no pasan de ser simples membretes.

El PAN no ofrece un panorama distinto. Las mismas caras de siempre: Roxana Rubio o Eduardo Ortiz, este último ya curtido en varias batallas electorales sin resultados contundentes. No hay renovación, no hay inclusión, no hay una propuesta que entusiasme más allá de los círculos internos del partido.

Movimiento Ciudadano, que a nivel nacional se ha posicionado como el partido opositor emergente con mayor crecimiento, en Sinaloa ha desperdiciado esa inercia. Las disputas internas y su evidente subordinación al grupo en el poder lo han relegado como opción electoral. 

Bajo la conducción de Sergio Torres, el partido naranja no ha logrado consolidarse como una fuerza verdaderamente opositora; por el contrario, en el estado parece más atento a las directrices que emanan de Palacio de Gobierno que a la construcción de un proyecto propio.

El caso del PAS es todavía más crítico. Sin el soporte de la UAS y sin la figura de Héctor Melesio Cuén, el camino parece conducir, tarde o temprano, a la desaparición. Robespierre Lizárraga intenta mantener con vida al partido recurriendo incluso a políticos de otras fuerzas que abandonan sus filas y buscan refugio en el otrora poderoso Partido Sinaloense, hoy muy lejos de su mejor momento.

La gran incógnita es si al menos serán capaces de construir una alianza opositora amplia que eleve mínimamente las expectativas de competencia en 2027. Canales de negociación existen, pero no hay acuerdos concretos. Todos quieren su tajada del pastel, aunque el pastel sea cada vez más pequeño.

En paralelo, desde la sociedad civil y el sector empresarial comienzan a emerger liderazgos con peso propio, pero la mayoría no está dispuesta a poner su capital social y económico al servicio de los políticos de siempre: esos acaparadores compulsivos de posiciones plurinominales que se blindan en el presupuesto público a costa de las derrotas.

La oposición en Sinaloa va tarde, muy tarde, en la construcción de un proyecto real de alternancia. Hoy, si las elecciones se celebraran de nuevo, no hay duda de que Morena arrasaría en el escenario electoral.

¿Cambiará algo de aquí al 2027? Ya lo veremos.

La presencia del gobernador Rubén Rocha Moya en Ahome en el incipiente 2026 dista mucho de ser un gesto protocolario. En política nada es casual y menos cuando el calendario ya empieza a marcar el ritmo de la sucesión rumbo al 2027.

Que la primera conferencia Semanera del año se haya realizado desde el salón de Cabildo de este municipio es, en sí misma, una señal.

Ahome es, desde hace años, uno de los municipios más politizados de Sinaloa. No solo por su peso económico y social, sino porque ahí se gestaron y siguen operando proyectos de poder que hoy buscan disputar el control político del estado, ya sea desde Morena o desde la oposición. Es la cuna de un grupo que, con distintas máscaras y coyunturas, ha sobrevivido por más de dos décadas.

Hablamos del bloque político donde han confluido el exgobernador Mario López Valdez y el desaforado alcalde Gerardo Vargas Landeros. Dos figuras distintas, pero unidas por una misma ambición: mantenerse vigentes en la lucha por el poder.

Malova, aunque se mueva públicamente en escenarios sociales, empresariales y deportivos, no convence a nadie —y menos en el tercer piso de Gobierno— de que esté políticamente inmóvil. En Palacio lo ven operando, midiendo, intentando reconstruir un proyecto con miras al 2027. Hay quienes incluso especulan que podría intentar reaparecer en una boleta electoral. Puede sonar descabellado, pero en política hay una máxima que nunca falla: nadie está muerto hasta que muere de verdad.

El caso de Gerardo Vargas Landeros es todavía más complejo. Aunque fue desaforado en mayo de 2025 y enfrenta varios procesos penales que lo han marginado de la escena pública, sigue siendo un actor con peso específico. Tiene grupo, conserva alianzas dentro del morenismo y mantiene la habilidad de tejer acuerdos transversales cuando de disputar el poder se trata.

Su mejor carta de presentación sigue siendo el 2010, cuando junto a Malova rompió con el PRI y protagonizó uno de los movimientos políticos más relevantes de la historia reciente de Sinaloa. Esa historia la conoce perfectamente Rubén Rocha Moya, quien en aquellos años fungía como Coordinador de Asesores del finado ex gobernador Jesús Aguilar Padilla.

Hoy los roles son otros. Rocha es el gobernador, detenta los hilos del poder y los ejerce con firmeza frente a quienes considera adversarios. Pero también sabe que no puede dormirse en los laureles ni fingir que nadie intenta hacerle sombra. La disputa por el poder ya comenzó y Ahome es, claramente, uno de los principales frentes.

No es casual, entonces, que Malova haya vuelto a ser tema central en la primera Semanera del año, encabezada por Rocha precisamente en el mismo Cabildo donde, hace más de dos décadas, inició la ruta política que llevó a López Valdez y a Vargas Landeros hasta la gubernatura.

Los señalamientos de malos manejos financieros en el gobierno malovista, especialmente retenciones no enteradas al fondo de pensiones, volvieron a resonar fuerte en voz del gobernador.

La visita del mandatario también fue un mensaje interno claro: un espaldarazo político al alcalde Antonio Menéndez. El edil sustituto ha demostrado, día con día, que no es ningún improvisado y que la decisión de Rocha de darle la oportunidad no fue un error. 

El proyecto es evidente: fortalecerlo políticamente y, con ello, debilitar a los grupos que —dentro y fuera de la 4T— buscan disputarles el poder.

Ahome se ha convertido, sin exagerar, en el principal laboratorio político de Sinaloa. Y la mejor prueba de su relevancia en el tablero estatal es que el propio gobernador haya decidido acudir para enviar los mensajes, marcar territorio y dejar claro que personalmente está al frente de su equipo de batalla rumbo al 2027.

El 2026 que recién inicia no será un año más en el calendario político de Sinaloa. Será, sin exagerar, el año de las definiciones rumbo a la elección de 2027, cuando se renovarán las 20 alcaldías, las diputaciones locales, las federales y, como madre de todas las batallas, la gubernatura del estado.

Y es justamente esta última la que ya concentra reflectores, tensiones y movimientos soterrados —y no tan soterrados— dentro de Morena. La disputa es clara: el grupo en el poder, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, frente a quienes buscan construir una candidatura alterna, arropados —al menos en el discurso— por la supuesta cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum y la inercia política del llamado “tiempo de mujeres”.

Desde Palacio de Gobierno se juega a la continuidad. Rocha Moya no ha ocultado su interés por dejar sucesor y, para ello, mueve piezas con cálculo quirúrgico. Sabe que el género puede ser determinante y, por eso, su baraja incluye hombres y mujeres. No es un detalle menor: con una presidenta de la República y un discurso nacional que empuja la paridad como narrativa central, la posibilidad de que Sinaloa tenga por primera vez una mujer gobernadora en 2027 no solo es viable, sino políticamente lógica.

En esa lógica se entiende por qué el gobernador ha colocado en la cancha a Graciela Domínguez Nava y a Tere Guerra. Ambas cumplen una doble función: abonar a la narrativa de género y, al mismo tiempo, contener y neutralizar el activismo político de la senadora Imelda Castro, quien desde hace meses recorre el estado con la mira puesta en la gubernatura.

Castro, para muchos, es la favorita en el tablero nacional. Su cercanía con figuras del círculo político de Claudia Sheinbaum le da visibilidad y proyección. Sin embargo, a ras de tierra la historia es distinta. Pese a sus recorridos de sur a norte, no ha logrado articular una estructura sólida ni un grupo político compacto que la catapulte con fuerza real rumbo a 2027. A eso se suma un factor incómodo: sus alianzas con facciones morenistas que, en su momento, intentaron descarrilar políticamente al propio Rocha Moya.

Ahí es donde el gobernador conserva ventaja. Rocha sigue teniendo en sus manos los hilos de las principales estructuras territoriales y políticas de la 4T en Sinaloa. No apuesta solo por mujeres. En su tablero también están el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Inzunza, hay que decirlo, ha reducido notablemente su presencia fuera de la capital, mientras que Gámez Mendívil, pese a la compleja crisis de seguridad que enfrenta Culiacán, viene creciendo con fuerza en el plano estatal. Las encuestas empiezan a reflejar ese crecimiento y lo colocan como una figura que no puede ni debe perderse de vista en la ruta hacia 2027.

Pero el juego no se define solo en Sinaloa. Desde Palacio Nacional se mueven otras piezas. Claudia Sheinbaum tendrá la última palabra y, llegado el momento, podría optar por tres rutas: imponer a un “metropolizado”, alguien de su gabinete sin arraigo local y obligar a todas las fuerzas a alinearse; apostar por lo que muchos consideran la vía más lógica, Imelda Castro; o permitir la continuidad del grupo político que hoy gobierna el estado.

Faltan muchas piezas por acomodarse y demasiados factores por alinearse. Por ahora, lo único claro es que 2026 será el año determinante. Habrá que seguir con lupa los movimientos en territorio y leer con atención las señales que emanen desde Palacio Nacional.

Si el 2025 fue interesante, lo que viene en 2026 será decisivo.

Y eso solo en la disputa por la gubernatura. De las principales alcaldías hablaremos en entregas posteriores, porque lo que ya se mueve en Culiacán, Ahome, Guasave, Salvador Alvarado —por citar solo algunos municipios— no es menos intenso ni menos revelador de lo que está en juego en el Sinaloa rumbo al 2027.

Hay encuestas que buscan medir la aprobación y otras que, sin proponérselo, terminan exhibiendo la distancia entre el discurso oficial y la realidad. La medición de diciembre de 2025 del Ranking Mitofsky pertenece claramente al segundo grupo, al menos en lo que respecta a Guasave.

De acuerdo con la encuestadora propiedad de Roy Campos, Cecilia Ramírez Montoya aparece en el lugar 37 a nivel nacional, con poco más del 52 por ciento de aprobación, y —dato que se subrayó hasta el cansancio— como la alcaldesa mejor evaluada de Sinaloa. Nada mal para una presidenta municipal que apenas cumple un año en el cargo. Tan nada mal, que el anuncio no generó aplausos… sino risas.

Porque si algo quedó claro tras difundirse la encuesta, es que Guasave no se vio reflejado en ese espejo estadístico. Las redes sociales, siempre más crudas que los boletines, reaccionaron con una mezcla de incredulidad, enojo y sarcasmo. Para muchos ciudadanos, la encuesta no describía una gestión eficiente, sino una realidad paralela.

El dato no pasó desapercibido: el primer portal en difundir la información, incluso antes del comunicado oficial, fue Mesa Reservada, medio en el que participa o ha participado Edgar Adair Espinoza Robles, ex tesorero municipal (quien sigue en la nómina oficial como auxiliar administrativo) que en noviembre dejó el cargo en medio de cuestionamientos por el manejo opaco de las finanzas públicas y los excesos con el erario. Una coincidencia incómoda, sobre todo cuando se recuerda que una de las principales críticas ciudadanas a la administración actual gira precisamente en torno al uso del dinero público.

A partir de ahí, la estrategia fue evidente. Funcionarios y funcionarias del gobierno municipal replicaron la nota con entusiasmo, como si el ranking fuera una absolución anticipada. El problema es que nadie calculó la reacción ciudadana. O peor aún: la subestimaron.

Los comentarios en redes y portales no tardaron en aparecer, y fueron todo menos amables. Que si la encuesta fue “comprada”, que si se “pagó con el crédito de los 60 millones”, que si los encuestados “fueron familiares y miembros del gabinete”. Otros fueron más lapidarios: para algunos guasavenses, el único primer lugar posible para esta administración es en mal gobierno o corrupción.

Ahí es donde la ironía se vuelve brutal. Mitofsky dibuja una alcaldesa bien evaluada; las redes describen una administración reprobada. La encuestadora habla de aprobación; la ciudadanía habla de molestia. Los números presumen estabilidad; los comentarios exhiben hartazgo.

Y no es un detalle menor. Cuando una administración con apenas un año de ejercicio necesita sostener su narrativa en rankings nacionales, algo no termina de cuajar en lo local. Más aún cuando ese intento de legitimación provoca burlas en lugar de respaldo. En política, la risa ciudadana rara vez es una buena señal.

El problema de fondo no es la encuesta, sino creer que una medición puede reemplazar a la percepción social. Porque los gobiernos no se sostienen con gráficas ni con posiciones en rankings, sino con resultados visibles, servicios que funcionan y decisiones que generan confianza.

Hoy, en Guasave, la encuesta dice una cosa y la gente dice otra. Y entre ambas versiones, la que suele tener la última palabra no es la que se imprime en un ranking, sino la que se repite todos los días en la calle, en el mercado y —para desgracia de muchos gobiernos— en las redes sociales.

Al final, Mitofsky podrá colocar a Cecilia Ramírez Montoya en el lugar 37 nacional. Pero mientras la narrativa oficial presume aprobación y la ciudadanía responde con reprobación, el verdadero ranking sigue pendiente: el de la credibilidad. Y ese, por ahora, no se mide con porcentajes.

Las cuarterías de Ruiz Cortines, en Guasave, son una bofetada a la narrativa oficial del México “humanista”. Basta caminar entre esos pasillos estrechos —como los que muestran las imágenes— para entender que ahí no habita el progreso ni la justicia social, sino el abandono sistemático de uno de los sectores más explotados y vulnerables del país: los jornaleros agrícolas.

Lo que se observa no son viviendas, son refugios improvisados levantados con palos, fierros torcidos, cartón, hule negro, costales y, con suerte, alguna lámina vieja. Espacios sin ventilación adecuada, sin servicios básicos dignos, donde habitan principalmente adultos mayores que viven casi a la intemperie. En invierno, esas cuarterías se convierten en una ruleta rusa diaria; el frío, la humedad y las enfermedades hacen su trabajo en silencio, mientras la autoridad mira para otro lado.

La escena desnuda, sin maquillaje, la enorme distancia entre el discurso de quienes dicen gobernar para “los más pobres, los más jodidos, los más amolados” y la realidad que padecen quienes sostienen con su trabajo la riqueza agrícola de Sinaloa. El gobierno de la 4T, tan dado a proclamarse defensor de los desposeídos, es incapaz —o indiferente— ante la situación de jornaleros que producen alimentos para el país, pero no tienen garantizado ni un techo digno.

Tuvo que ser el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, quien recorriera la zona para visibilizar un problema que no es nuevo ni oculto. Está ahí, a la vista de todos, pero durante años ha sido ignorado por conveniencia, desidia o simple hipocresía institucional. No es un asunto reciente: el tiempo pasa, los gobiernos cambian y las cuarterías siguen igual. Peor aún, en el historial de esta omisión hay muertes de niños y adultos mayores, víctimas de condiciones infrahumanas y de la falta de atención.

Aquí no se trata solo de pobreza, sino de explotación. Jornaleros enganchados en comunidades indígenas, trasladados para trabajar en el campo sinaloense, y luego abandonados en asentamientos que no cumplen ni con lo mínimo para una vida digna.

En este escenario, la Dirección del Trabajo en Sinaloa queda particularmente exhibida: omisa en el mejor de los casos, sospechosamente complaciente en el peor. No se puede descartar la complicidad con los enganchadores ni con quienes se benefician de esta cadena de abusos.

Sería injusto no reconocer que existen esfuerzos de algunas áreas como el DIF y del sector agrícola organizado. La AARSP, por ejemplo, ha asumido por tercer año consecutivo el costo de la renta del inmueble que albergará en Ruiz Cortines el Centro de Atención Integral —la llamada guardería— para los hijos de jornaleros agrícolas. Son acciones valiosas, necesarias y dignas de destacarse. Pero también hay que decirlo con claridad: no alcanzan para revertir décadas de rezago y abandono estructural.

El problema de fondo sigue intacto y la responsabilidad principal recae en el Estado. Si el gobierno quiere llamarse humanista, debe demostrarlo más allá de los discursos y las mañaneras. Humanismo no es una consigna; es garantizar que ningún trabajador del campo, ningún niño y ningún adulto mayor tenga que vivir entre cartones y hules mientras produce la riqueza ajena. Lo demás es retórica. Y en Ruiz Cortines, la miseria no entiende de slogans como aquel que dice “Primero los pobres”.

Este jueves Sinaloa escribió una página oscura en su historia democrática: el Congreso del Estado —con los votos del bloque oficialista conformado por Morena, Partido Verde Ecologista y PT— aprobó la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP).

Una decisión que representantes de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y expertos en transparencia han calificado como un claro retroceso en materia de derechos ciudadanos, rendición de cuentas y control del poder público.

No fue una decisión aislada ni sorpresiva. Es, más bien, el desenlace de una crónica de muerte anunciada que inició en el ámbito federal.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano autónomo pilar de la transparencia en México, fue oficialmente disuelto y sustituido por un modelo centralizado dentro de la Secretaría de la Función Pública tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025, con entrada en vigor el 21 de marzo de 2025. Fue en esa fecha cuando la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública abolió al INAI y transfirió sus funciones a un órgano bajo control directo del Ejecutivo federal.  

Hoy, en Sinaloa, se ha colocado la lápida a la transparencia institucional. La CEAIP, órgano que durante años fue referencia en la región por abrir espacios de acceso a la información y fiscalización ciudadana, será desmantelada. Su desaparición no solo representa una restructuración burocrática: implica la pérdida de un contrapeso esencial frente a los poderes del Estado y los partidos políticos.

La oposición local lo denunció sin ambages: se trata de una afrenta directa al derecho de los ciudadanos de saber qué hace y cómo gasta su gobierno. Pero la aritmética legislativa fue implacable. La bancada de oposición careció de fuerza y votos para frenar este impulso que, dicen sus promotores, moderniza el marco jurídico; para sus críticos, profundiza la opacidad y erosiona un derecho conquistado con esfuerzo ciudadano y social.

Es particularmente doloroso observar que figuras políticas que, en su momento, lucharon desde la oposición por arrancarle al Ejecutivo el control de la información para blindarla frente a abusos de poder, hoy se convierten en sus principales verdugos. En ese listado no pueden omitirse nombres prominentes de Morena como la senadora Imelda Castro o la diputada federal Graciela Domínguez, actores que ahora respaldan una lógica de centralización y control que hace apenas años denunciaban.

El argumentar que “no se trata de Morena, se trata de fortalecer al Estado” suena a pretexto cuando el resultado real es una mayor concentración de facultades de transparencia dentro de dependencias oficiales. La lección está allí: ningún partido en el gobierno debe vigilarse a sí mismo, porque la historia y la experiencia muestran que, sin contrapesos autónomos, la tentación por ocultar, minimizar o maquillar información pública es demasiado grande.

Duele reconocerlo, pero es una realidad: la transparencia no es un lujo ni una opción, es un derecho ciudadano básico. Su recorte sistemático debilita la democracia, mina la confianza pública y reduce las herramientas con las que la sociedad puede exigir cuentas a quienes ejercen poder y manejan los recursos públicos.

Sinaloa fue pionero en la construcción de marcos sólidos de acceso a la información; hoy se distancia de ese legado. La decisión de desaparecer la CEAIP no solo altera la arquitectura institucional: representa un golpe directo a la capacidad de los sinaloenses para supervisar, cuestionar y responsabilizar a sus gobernantes.

Este grave retroceso democrático deja más preguntas que respuestas, y nadie puede asegurar cuánto tiempo tomará reconstruir —si es que aún es posible— el tejido de transparencia, participación y control ciudadano en Sinaloa y en todo México. Pero una cosa es cierta: la pérdida de derechos adquiridos nunca pasa desapercibida, y sus efectos se sentirán mucho después de que los aplausos políticos se hayan disipado.