En las plenarias del Congreso y Senado se aplazaron lo que sería el último debate del proyecto de la ley de paz total, el cual es considerado uno de los más importantes para el actual Gobierno; la Ley de orden público es prorrogada en cada gobierno, pero en esta oportunidad, la administración de Gustavo Petro, busca dejar sentadas las bases para su propuesta de paz total.
En el Senado no hubo quorum para la votación de la propuesta, mientras que en la Cámara se aplazó ya que se hallaron “dudas jurídicas” posponiendo así el debate.
La polémica se dio principalmente por el artículo 17 de la ponencia que dice “Facúltese al Presidente de la República para, en el marco de la política de paz total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”.
Algunos congresistas ante este artículo aseguraron que de esa manera el Presidente pretendería liberar a las personas que participaron en la primera línea durante las protestas del año 2020, dejando de lado los crímenes que algunos de ellos pudieron cometer.
Otro de los párrafos dice “El Presidente de la República podrá designar como promotores de convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentren privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta, para lo cual podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la orden de captura o la medida de aseguramiento. Lo anterior no implica la suspensión o terminación del proceso penal”.
Según los ponentes y defensores de la ponencia está esta orientada a la protección de los derechos de los ciudadanos, ya que muchos jóvenes estarían privados de la libertad por el simple hecho de ejercer su derecho a la protesta.
